Comunicado de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Docentes Aprobado el 23 de junio de 2020
El espectro político en que se mueven nuestros colegiados es muy amplio, y esta Junta de Gobierno ha pretendido siempre acoger todas las diferentes sensibilidades y canalizar sus inquietudes desde posiciones objetivas. Vaya por delante este planteamiento como premisa.
El presidente del Gobierno, coincidiendo con el fin del Estado de alarma, ha tendido la mano a todas las fuerzas políticas para lograr consensos que sirvan para «reconstruir» el país, después de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19 y de las consecuencias que va a llevar aparejadas en un próximo futuro. Pero este consenso parece que no incluye el mundo de la Educación, con mayúscula.
Dentro del Estado de alarma ha comenzado la tramitación parlamentaria de una nueva Ley de Educación, la conocida por algunos como «Ley Celaá», lo cual no deja de ser llamativo. Y la primera decisión de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno ha consistido en rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por tres diferentes grupos parlamentarios que, en número de votantes-aunque no de escaños- representan a algo más de la mitad del país. Este es el procedimiento habitual, y ahora se entrará en la discusión -o sea, en el examen atento de la materia- o debate -o sea, en la contraposición de opiniones- con respecto al articulado. Y no hay razones para el optimismo, a juzgar por el clima de crispación parlamentaria al que todos contribuyen.
Las leyes básicas requieren grandes consensos que superen las ideologías partidistas porque, en caso contrario, su recorrido dura hasta que una nueva mayoría parlamentaria las deroga. Y es condición fundamental de toda democracia la alternancia de grupos políticos en el poder, por más o menos tiempo, pero siempre dejando que unos den paso a otros porque así lo deciden las urnas. En el caso de esta nueva ley educativa, son muchos los aspectos que están siendo muy criticados por diversos sectores sociales directamente afectados por ella, y que tiempo habrá para ir analizando y valorando conforme avance el debate parlamentario.
España necesita un sistema educativo estable común para todas las autonomías, que garantice la observancia del artículo 27 de la Constitución de 1978, y que lleve sosiego a los centros, a las familias, a los alumnos y a sus profesores. Perder una nueva oportunidad para lograrlo nos colocaría ante el fracaso de nuestra sociedad en algo tan fundamental como es la Educación, porque de ella depende el futuro de todos, individual y colectivo.
Desde este Colegio Oficial de Docentes suplicamos al Parlamento la máxima responsabilidad a la hora de legislar en materia tan sensible como es la Educación; y que la fortaleza del Estado de derecho -y de la Constitución- triunfe sobre las tentaciones de partidismos ideológicos, vengan de donde vengan, ya sea gobierno u oposición. En definitiva, el ansiado «pacto escolar» que este Colegio viene solicitando de manera continuada es ahora, y en las actuales circunstancias, más necesario que nunca.
Más información: Aurora Campuzano. Gabinete de prensa.Tel.91 447 14 00 y 671 08 26 61. E-mail:acampuzano@cdlmadrid.org
