Estimados colegiados, nos es grato informarles sobre el Proyecto de Decreto por el que se establece el procedimiento de abono de las peritaciones y la colaboración en la selección de peritos en los órganos judiciales dependientes de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Se ha acordado, mediante Resolución del 22 noviembre de 2016, someterlo a trámite de audiencia para recibir alegaciones de las distintas entidades afines. Es por ello que la Unión Interprofesinal de Madrid (Asociación de Colegios Profesionales) de la cual el CDL es miembro, ha procedido a acudir a dicha audiencia, formulando las oportunas alegaciones que resumimos a continuación. Al final de la noticia colgamos el archivo del Proyecto de Decreto, para todos aquellos que estén interesados.

Se trata de alegar en un primer apartado sobre la NO CONFORMIDAD A DERECHO de la demora del pago (de honorarios al perito) a la sentencia firme, según la Ley 3/2004, de 29 diciembre, la LEC art 241.2 y Reglamento de Justicia Gratuita art. 43.2. Además de no ser acorde con la normativa fiscal aplicable en diversos artículos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Todas las previsiones del proyecto que pospongan la obligación de pago al perito más allá del plazo de 30 días que marca la ley, deben ajustarse a dicho plazo. El profesional, designado por la Administración de Justicia para desarrollar un trabajo, no debe convertirse en un doble financiador de la Administración, adelantando impuestos por un lado y demorando años el cobro de sus honorarios.

“El pago del trabajo de un profesional , por razones económicas y de dignidad, no puede aplazarse por años” establecen las alegaciones presentadas.

Un segundo apartado hace referencia a la TABLA DE TITULACIONES y sus cuantías, IVA a añadir y la ACTUALIZACIÓN automática del IPC. También sumamente interesantes, pues son cuestiones todas que los peritos llevamos reclamando desde hace mucho tiempo.

• La asociación defiende que no se debe hacer distinciones, sin motivo justificado alguno entre la pericia realizada por profesionales universitarios, con el fin de que todas las retribuciones sean iguales. Además la Unión Interprofesional propone una retribución de 1.800 euros + IVA, en vez de los 1.200 euros (con el IVA incluido) que contempla el proyecto, que simplemente recoge la cuantía que actualmente se abona por parte de la Administración desde hace años. La UICM entiende que estos honorarios son inferiores al mercado, lo que puede desembocar en profundas diferencias por lo escasamente pagados que es encuentran, así como la dificultad de encontrar profesionales dispuestos a colaborar con la Administración de Justicia.
• Por otro lado se reclaman que dicha cuantía no tenga incluido el IVA.
• Además se propone establecer una clausula con un sistema de actualización automática de los honorarios profesionales conforme al IPC.

En el tercer apartado la UICM valora positivamente la introducción de PERICIAS DE ESPECIAL COMPLEJIDAD. No obstante entiende que:

• Debe preverse en el propio articulado de la ley la apreciación sobre este aspecto, bastando un mero acto administrativo del servicio competente.
• Se propone que sea el propio perito, cuando lo estime pertinente, quien solicite al Colegio el informe sobre esta cuestión, para que pueda presentarlo junto al presupuesto para agilizar los trámites en la determinación de la pericial de especial complejidad.

Las alegaciones por último proponen añadir, en la Disposición Final Primera 3, como CRITERIOS:

• Tiempo SUPERIOR al habitual empleado en el trabajo profesional.
• Consecuencias y cuantía del asunto debatido.
• Amplitud y dificultad.
• Urgencia en la elaboración del informe.

ENLACE AL PROYECTO DE DECRETO