Otra Ley que, por falta de consenso, nace muerta y será abolida por la siguiente mayoría
La Comisión Educación del Congreso votó el viernes 13 de noviembre el dictamen de la reforma de la LOMLOE o “Ley Celaá”, que incluye novedades que han creado polémica, al afectar al papel de la enseñanza concertada o al castellano como lengua vehicular en la educación, entre otras. Se debatieron 900 enmiendas en una sola sesión, y muchos diputados se quejaban de que no sabían lo que votaban.
No hay duda de que, con el pretexto de la defensa de la educación pública, la escuela privada concertada está siendo cuestionada -por decirlo suavemente- por la política gubernamental, que tiene una visión sesgada del artículo 27 de la Constitución, que garantiza a los padres el derecho a educar a sus hijos dentro del modelo educativo que mejor se adecue a sus deseos y expectativas. Se empieza por aquí. Y se continúa permitiendo que los alumnos pasen de curso con todo suspendido -por mucho que la retórica semántica intente disfrazar el hecho en sí-. Hablando con propiedad, el artículo 103.3 de la Constitución solo alude a que el acceso a la función pública se regirá por los principios de mérito y capacidad; y para nada menciona al alumnado. Pero lo que está claro es que en los momentos en que se está formando la personalidad de un escolar, todo lo que no sea potenciar el esfuerzo y la superación personal -la mejor manera de motivar la autoestima- es convertir la indolencia en norma de conducta, con el riesgo de comprometer negativamente el futuro en todo su rico abanico de posibilidades para quienes no han desarrollado cuando debían un mínimo sentido de la responsabilidad.
Peligra, pues, el rigor académico. Como también peligran los conciertos para los colegios que “segreguen por sexos”. Y se da la bienvenida a una materia, de carácter obligatorio en ciertos niveles, como “la memoria histórica”, lo que podría chocar con el artículo 20 c) de la Constitución, que garantiza la libertad de cátedra. (Nos preguntamos si un profesor de Literatura, por ejemplo, podría explicar la tercera parte de Madrid, de corte a checa, la novela de Agustín de Foxá). Y otra vez (¡y van…!) la herida siempre abierta de qué se hace con la Religión, quién se hace cargo de la Ética y dónde se ubica…
Peligran también los centros de educación especial, sin tener en cuenta que, a día de hoy, el sistema educativo español es muy inclusivo. Está ya integrado en los centros docentes alumnado con trastornos generalizados del aprendizaje, con trastornos del espectro autista, con movilidad reducida, con altas capacidades, con problemas de aprendizaje y de rendimiento, con déficit de audición y lenguaje o de visión, y un largo etcétera. Muchos expertos y muchas familias defienden que los centros de educación especial, con ese o con otro nombre, siempre serán necesarios, porque, siempre seguirán haciendo falta centros muy especializados para garantizar la atención adecuada de un número reducido de niños y niñas con necesidades superiores a las que pueden atenderse en todos los centros educativos ordinarios. En cualquier caso, antes de proponer la supresión de cualquier elemento de la red de atención a la diversidad en la educación, es preciso evaluar de forma rigurosa y objetiva la situación actual, y ello contando con las familias y con los profesionales.
Todos estos temas pueden ser objeto de controversia, y hay que respetar las opiniones de cada cual y aceptar el cumplimiento de las leyes. Y ahora nos toca la “Ley Celaá”. Se cumple así una norma de nuestra democracia: cambio de gobierno es igual a cambio de ley educativa, que está en vigor en tanto en cuanto el gobierno de turno se mantenga en el poder. Y es bueno conocer el nombre de una ley no mediante una sopa de letras incomestible (LOMLOE), sino por el apellido de la persona responsable del Ministerio en que se cuece. Quedará, por tanto, para la historia que la “Ley Celaá” suprime el carácter de “lengua vehicular” al castellano y rehúye el concepto de lengua cooficial; y ello a cambio del apoyo -entre otros- de ERC, para que el gobierno del Reino de España, en minoría parlamentaria, saque adelante los Presupuestos Generales del Estado, facilitando, de paso, los proyectos independentistas de varias formaciones políticas. Por fortuna, algunos presidentes de autonomías del partido del gobierno han alzado su voz contra este “desafuero”, lo que nos indica que aún no se ha perdido del todo la sensatez. Pero, de facto, y en nombre de la llamada “gobernabilidad”, con la anuencia de gobiernos de distinto signo, se ha permitido la paulatina desaparición en Cataluña, por ejemplo, del castellano en la enseñanza -comunidad autónoma en la que, por cierto, se ha llegado a multar a los comerciantes por rotular en la lengua oficial del Estado-; y no son pocas las sentencias de Tribunal Supremo relativas a la obligatoriedad del castellano, matizando que no puede relegarse de la vida pública -en el trato con las administraciones- ni de la enseñanza. Es básico, en un Estado de Derecho, respetar las leyes y las sentencias. El cumplimiento de la ley no es una opción es una obligación para todos.
Empecemos por aclarar, con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, en qué consiste la “lengua vehicular” en la enseñanza: “Lengua usada habitualmente por la comunidad educativa en sus relaciones cuando existen diversas lenguas maternas entre sus miembros”. Y recordemos ahora el artículo tercero de nuestra constitución: “1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. Eliminar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza en algunos territorios de España puede traer aparejados daños irreparables para generaciones que se van a ver privadas de una herramienta cultural de comunicación inigualable: somos alrededor de 600 millones quienes nos expresamos en una lengua que nació en el siglo X en un monasterio riojano (en san Millán de la Cogolla), y en la que han escrito -como “lengua española”- once galardonados con el Premio Nobel de Literatura: los españoles José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela (1989); los chilenos Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971); el guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1967); el colombiano Gabriel García Márquez (1982); el mexicano Octavio Paz (1990); y el peruano Mario Vargas Llosa (2010). Por otra parte, la Asociación de Academias de la Lengua Española, fundada en México en 1951, está integrada por las 23 corporaciones repartidas por todo el mundo, y tiene como fin primordial “trabajar asiduamente en la defensa, unidad e integridad del idioma común, y velar para que su natural crecimiento sea conforme a la tradición y naturaleza íntima del español”. Y no es necesario recordar aquí las actividades de las diversas sedes del Instituto Cervantes, presente en 88 ciudades de 45 países.
Puede argumentarse que son nuevos tiempos y que son otros los objetivos que se pretenden… Pero mirando al futuro, ¿con qué premisas se podría asegurar que, si cada Comunidad Autónoma elige la lengua vehicular de la educación, España tendrá más progreso, cohesión y bienestar social?
No existe un Nobel para el atentado contra la grandeza de nuestra lengua común -la de catalanes, gallegos, vascos y demás españoles; respetando y enorgulleciéndonos de aquellas comunidades autónomas que sean bilingües porque cuentan con lengua materna diferente a la oficial del Estado-. Porque de haberlo, este Colegio Profesional de Docentes ya tiene una posible candidatura para apoyar, dicho sea, con ironía y sin ánimo de ofensa.
LOMLOE, ¡Otra ocasión perdida para propiciar un Pacto Nacional por la Educación con la participación de todos! ¿Hasta cuándo vamos a estar publicando una nueva ley de educación cada vez que cambie el gobierno?
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Docentes de Madrid
Madrid, 16 de noviembre de 2020
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